El pasado fin de semana se llevó a cabo la más reciente consulta a la ciudadanía, en la que se pusieron a discusión diversos proyectos de la siguiente administración, entre ellos, el tren maya, una nueva refinería y el polémico impuesto único a las cemitas poblanas (IUCEPO).
Al principio se había anunciado que los diputados de Morena financiarían dicha consulta con dinero de su salario. Sin embargo, tras una manifestación de la bancada morenista en el Zócalo capitalino, se resolvió que cada mexicano, participe o no en la consulta, deberá pagar diez pesos (quince en caso de que le haya tocado papeleta a color).
Se espera que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria pasen casa por casa para cobrar esta cooperación. De no hacerlo, será considerado como delito grave, por lo que el ciudadano irresponsable que se niegue puede recibir una condena hasta de siete años de trabajo forzados en la penitenciaría de San Ángel Inn, así como una multa equivalente a 3801 salarios mínimos.
Una pena similar será impuesta a quienes escondan a familiares o amigos que no puedan pagar la cooperación voluntaria. Esto es con la finalidad de aumentar la participación ciudadana en estas consultas, que a partir de enero serán quincenales.
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